Los delitos contra el medioambiente mueven grandes cantidades de dinero y, en muchos casos, están vinculados a redes criminales que operan más allá de las fronteras nacionales. El tráfico ilegal de animales, la tala clandestina, la minería ilícita y el comercio de residuos son algunas de las actividades que amenazan la biodiversidad y los recursos naturales del planeta.
Ante este problema, los países reunidos en Viena han dado un paso importante. El 23 de octubre de 2026, los Estados parte de la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional respaldaron la apertura de negociaciones para elaborar un protocolo internacional específico contra los delitos ambientales.
La resolución obtuvo 83 votos a favor, 12 en contra y 27 abstenciones. El objetivo es mejorar la cooperación entre países para prevenir, investigar y perseguir delitos que afectan a los ecosistemas y que, con frecuencia, están relacionados con organizaciones criminales internacionales.
No obstante, la decisión no significa que exista ya una nueva ley mundial. Ahora comienza
el proceso de negociación para definir el contenido y el alcance del futuro instrumento jurídico.
¿Qué delitos ambientales pretende combatir el nuevo protocolo?
Los delitos ambientales abarcan numerosas actividades ilegales que destruyen hábitats, agotan los recursos naturales y ponen en peligro a especies silvestres. Aunque algunos de estos comportamientos ya están castigados por las legislaciones nacionales, las diferencias entre países pueden dificultar las investigaciones cuando las redes criminales actúan internacionalmente.
La iniciativa impulsada por ocho países latinoamericanos —Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Perú y Uruguay— junto con Mauritania, la República Democrática del Congo y Santo Tomé y Príncipe, busca reforzar la respuesta internacional frente a estas actividades.
Entre los ámbitos que se quieren abordar destacan:
- El tráfico ilegal de fauna silvestre: captura, transporte y comercialización clandestina de animales, así como el comercio ilícito de especies protegidas y sus partes.
- El tráfico de flora y madera: extracción y comercialización ilegal de recursos forestales, con consecuencias para los bosques y las especies que dependen de ellos.
- La minería ilegal: explotación de minerales sin las autorizaciones correspondientes, que puede provocar deforestación, contaminación del agua y degradación del suelo.
- El comercio ilícito de minerales y metales preciosos: circulación de recursos obtenidos mediante actividades ilegales y su posible integración en mercados internacionales.
- El tráfico de residuos: traslado y eliminación ilícitos de desechos, especialmente cuando generan riesgos para la salud humana y los ecosistemas.
La negociación deberá concretar cómo se tratarán estas actividades y de qué manera el nuevo instrumento podrá complementar las normas internacionales y nacionales que ya existen.
El tráfico de especies silvestres, una amenaza para la biodiversidad
El comercio ilegal de animales y plantas es uno de los problemas que evidencian la dimensión internacional de los delitos ambientales. Un ejemplar puede ser capturado en un país, transportado a través de varios territorios y vendido finalmente en un mercado situado a miles de kilómetros.
En esa cadena pueden intervenir cazadores furtivos, intermediarios, transportistas, comerciantes y grupos que obtienen beneficios de la actividad ilícita.
Las consecuencias van mucho más allá de la pérdida de ejemplares individuales. La extracción continuada de animales puede reducir poblaciones silvestres, alterar las relaciones entre especies y comprometer la recuperación de aquellas que ya se encuentran amenazadas.
Además, la extracción ilegal de madera y la destrucción de hábitats asociada a determinadas actividades mineras agravan la fragmentación de los ecosistemas. Cuando desaparecen los bosques, los humedales o los ríos en buen estado, numerosas especies pierden sus refugios, sus zonas de reproducción y sus fuentes de alimento.
Por eso, combatir estos delitos requiere actuar tanto contra la extracción ilegal como contra las redes que facilitan su transporte, distribución y comercialización.
¿Por qué es necesario un acuerdo internacional?
Uno de los principales obstáculos para perseguir los delitos ambientales es que las leyes, las sanciones y los recursos disponibles para investigar estos casos varían entre países.
Una organización criminal puede aprovechar esas diferencias para trasladar mercancías, ocultar el origen de los recursos naturales o distribuir los beneficios obtenidos mediante actividades ilícitas.
La Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, conocida como UNTOC por sus siglas en inglés, proporciona un marco de cooperación internacional frente a determinadas formas de criminalidad organizada. Sin embargo, no existe un único tratado mundial que abarque de manera integral todos los delitos que perjudican al medioambiente.
Por ello, los promotores de la iniciativa consideran que un protocolo adicional podría facilitar la cooperación entre las autoridades, reforzar las investigaciones transfronterizas y mejorar la persecución de las organizaciones que se benefician de la explotación ilegal de la naturaleza.
También podría ayudar a reducir las diferencias legales que dificultan la actuación conjunta de los Estados, siempre dentro del ámbito de aplicación que finalmente se acuerde.
Seguir el dinero para llegar hasta las organizaciones criminales
Interceptar un cargamento de animales, madera o residuos ilegales es importante, pero no siempre permite desmantelar la estructura responsable de la actividad.
Para investigar estas redes resulta fundamental conocer quién financia las operaciones, quién organiza el transporte, qué intermediarios participan y dónde terminan los beneficios económicos.
El seguimiento de las transacciones financieras, la documentación comercial y las rutas utilizadas puede ayudar a identificar a los responsables que permanecen detrás de las actividades sobre el terreno.
Esta perspectiva resulta especialmente relevante cuando los delitos ambientales se relacionan con otras actividades ilícitas, como el blanqueo de capitales o el tráfico de otros productos prohibidos.
La cooperación entre cuerpos policiales, autoridades judiciales, organismos ambientales y servicios financieros será una cuestión importante en el desarrollo de las negociaciones.
Los pueblos indígenas deben tener voz en la protección de la naturaleza
La resolución aprobada en Viena también reconoce la importancia de los pueblos indígenas y las comunidades locales en la lucha contra los delitos ambientales y la corrupción asociada.
Muchas de estas comunidades viven en territorios de gran valor ecológico y conocen de primera mano los cambios que experimentan los bosques, los ríos y las poblaciones de fauna silvestre. En determinadas regiones, sus sistemas de vigilancia comunitaria y sus conocimientos tradicionales contribuyen a detectar actividades ilegales y proteger los recursos naturales.
Sin embargo, el reconocimiento de su papel no garantiza por sí solo una participación efectiva en la elaboración del futuro protocolo.
La forma en que podrán intervenir en las negociaciones todavía debe concretarse. Las organizaciones indígenas y ambientales reclaman que su participación sea real y que sus conocimientos y experiencias se tengan en cuenta al definir las medidas de protección.
Esta cuestión es especialmente relevante en regiones como la Amazonía, donde la presión sobre los recursos naturales puede afectar tanto a la biodiversidad como a las comunidades que dependen directamente de sus territorios.
Una negociación con diferencias entre los países
La apertura del proceso no ha contado con el respaldo de todos los Estados. La resolución recibió 83 votos favorables, frente a 12 votos en contra y 27 abstenciones.
Entre los países que votaron en contra figuraron Estados Unidos, Venezuela, Argentina, Irán y Arabia Saudí. Durante las negociaciones también surgieron diferencias sobre la financiación del proceso, los plazos y el alcance del futuro instrumento.
Entre las cuestiones que deberán resolverse se encuentran la relación con los acuerdos ambientales internacionales existentes y el respeto a la soberanía de cada Estado sobre sus recursos naturales.
El protocolo tendrá que delimitar su ámbito de aplicación para evitar duplicidades y determinar qué herramientas de cooperación podrán utilizarse en la prevención, investigación y persecución de estos delitos.
Estas diferencias muestran que alcanzar un acuerdo político para iniciar las negociaciones es solo el primer paso. El contenido definitivo dependerá de las conversaciones entre los Estados y de las decisiones que se adopten durante el proceso.
¿Qué puede cambiar si se aprueba el protocolo?
Si las negociaciones culminan en un acuerdo y este entra en vigor para los Estados que se adhieran a él, el nuevo instrumento podría reforzar la cooperación internacional contra las redes criminales que explotan los recursos naturales.
Su eficacia dependerá de varios factores: que las normas sean suficientemente claras, que los países dispongan de legislación adecuada, que existan recursos para investigar y que las autoridades cooperen de manera efectiva.
También será necesario evitar que el acuerdo se quede en una declaración de intenciones. La protección de la biodiversidad requiere medidas aplicables sobre el terreno, controles eficaces, investigaciones financieras y actuaciones que permitan perseguir a los responsables de las actividades ilegales.
Mientras se desarrolla la negociación, los Estados pueden seguir aplicando y reforzando sus normas nacionales y los instrumentos internacionales que ya están en vigor.
Proteger la naturaleza también significa combatir la delincuencia organizada
La decisión de Naciones Unidas sitúa los delitos ambientales en el centro de un debate internacional sobre seguridad, justicia y conservación de la naturaleza.
La tala ilegal, la minería clandestina, el tráfico de especies y el comercio ilícito de residuos no son únicamente problemas ecológicos. También pueden perjudicar la salud pública, comprometer los medios de vida de las comunidades y favorecer economías criminales que operan a escala internacional.
Abrir la negociación de un protocolo específico representa una oportunidad para mejorar la respuesta coordinada frente a estas actividades. Sin embargo, todavía queda por definir el alcance de las medidas y cómo se aplicarán.
El verdadero avance llegará cuando la cooperación internacional permita reducir las redes que se lucran destruyendo la naturaleza y proteger de forma efectiva los ecosistemas y las especies que dependen de ellos.
