El avance legislativo en España, de la mano especialmente de la Ley de Bienestar Animal, corre el riesgo de quedarse en papel mojado si no se aborda con urgencia la falta de medios y especialización de los sistemas que deben aplicarlo en la realidad.
Es la premisa que defiende la Cátedra Institucional Animales y Sociedad de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) al publicarse la primera ‘Guía de Actuación de los Servicios Policiales en Protección Animal’, concebida como una herramienta práctica para la intervención policial en casos de maltrato y abandono animal. El manual ha sido fruto del convenio de colaboración suscrito entre la Dirección General de Derechos de los Animales y Unijepol (Unión Nacional de Jefes y Directivos de Policía Local), y ha contado con la supervisión técnica de la Cátedra.
Su directora, Nuria Máximo Bocanegra, valora la guía como un documento necesario que busca desterrar las actuaciones individuales heterogéneas para sustituirlas por criterios comunes unificados: «no es solo un texto técnico; es un avance imprescindible hacia la seguridad jurídica, la elevación de la calidad de las intervenciones y la dignificación del trato a los miembros más vulnerables de nuestra sociedad».
La Cátedra de la URJC entiende que la ‘Guía de Actuación de los Servicios Policiales en Protección Animal’ puede y debe ayudar a estrechar la grave brecha entre la legislación vigente y lo que ocurre sobre el terreno. España se enfrenta a una realidad delictiva persistente: se estima que casi 300.000 animales son abandonados o perdidos cada año, la cría ilegal sigue operando como un fenómeno altamente lucrativo y el tráfico internacional de especies se posiciona ya como el tercer negocio ilícito mundial, siendo nuestro país un punto estratégico de tránsito, origen y destino.
Un sistema lastrado por fallos estructurales
A pesar de la evolución legal que reconoce a los animales como seres sintientes con derechos dignos de protección y no como meros objetos, la Cátedra de la URJC advierte de que el sistema actual no está preparado para aplicar eficazmente este cambio de paradigma. Entre las principales deficiencias señaladas destacan:
- Fragmentación territorial y desigualdad: La coexistencia desarticulada entre la ley estatal (Ley 7/2023), las leyes autonómicas y las ordenanzas municipales genera desigualdad territorial. Esto provoca que haya animales mucho mejor protegidos en unos lugares de España que en otros, una asimetría jurídicamente injustificable.
- Preocupante falta de recursos: Las administraciones públicas sufren un déficit crónico de medios materiales y humanos para gestionar incautaciones, traslados, custodias y atención veterinaria urgente. Esta carencia provoca intervenciones lentas, ineficaces o la imposibilidad de afrontar actuaciones complejas.
- Externalización de funciones básicas: El sistema público se sostiene de facto sobre el movimiento asociativo. Las administraciones delegan funciones públicas esenciales (rescate y acogida) en protectoras y ONG que sufren inestabilidad financiera y carecen de respaldo y límites operativos jurídicos.
- Infradenuncia y problemas probatorios: Multitud de delitos no se reportan debido al desconocimiento de la población o a la normalización del maltrato. Cuando se denuncia, la falta de especialización genera una incorrecta calificación jurídica (confundiendo delitos con simples infracciones administrativas) y errores en la cadena de custodia o en la recogida de indicios, lo que deriva directamente en la impunidad o el archivo sistemático de los casos.
Propuestas para una protección animal real y efectiva
Frente a este escenario de vulnerabilidad, la Cátedra de la URJC insiste en que las fuerzas de seguridad no son un mero aplicador de la norma, sino un actor esencial encargado de convertir el derecho en una realidad palpable. Para lograrlo, desde la Cátedra se insta a adoptar un enfoque criminológico que reconozca la violencia interconectada, entendiendo que el maltrato animal suele estar estrechamente vinculado a otras formas de violencia interpersonal, como la violencia de género.
La Cátedra quiere aprovechar la publicación de la ‘Guía de Actuación de los Servicios Policiales en Protección Animal’ para poner sobre la mesa una batería de propuestas concretas dirigidas a las administraciones y las jefaturas de policía:
- Unidades especializadas y protocolos unificados: Crear de forma obligatoria unidades de protección animal en todos los niveles territoriales respaldadas por protocolos nacionales comunes para reducir la incertidumbre jurídica.
- Mayor dotación presupuestaria: Asignar fondos públicos específicos para asegurar que cualquier rescate o incautación se ejecute con totales garantías veterinarias y logística.
- Formación continua obligatoria: Capacitar técnicamente a policías, judicatura y servicios sociales en bienestar animal, peritajes e indicadores técnicos de maltrato.
- Reconocimiento jurídico de las asociaciones: Integrar de forma regulada y cooperativa el conocimiento del tercer sector y las entidades académicas en la práctica policial diaria.
