Un juzgado inhabilita durante ocho meses a una mujer para tener animales por envenenar a la gata de su vecina de Salceda de Caselas (Pontevedra)

Un juzgado inhabilita durante ocho meses a una mujer para tener animales por envenenar a la gata de su vecina de Salceda de Caselas (Pontevedra)

La acusada, que reconoció los hechos antes del juicio y se mostró conforme con la pena, ha sido condenada como autora de un delito de maltrato animal, con la aplicación de la atenuante de reparación del daño, pues hizo frente a la responsabilidad civil

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de O Porriño ha condenado a tres meses de cárcel y a ocho meses de inhabilitación para la tenencia de animales o el ejercicio de profesión u oficio relacionado con ellos a una residente en Salceda de Caselas por envenenar a la gata de su vecina. La acusada, que reconoció los hechos antes del juicio y se mostró conforme con la pena, ha sido condenada como autora de un delito de maltrato animal, con la aplicación de la atenuante de reparación del daño, pues hizo frente a la responsabilidad civil. La jueza ha acordado suspender la ejecución de la condena de prisión impuesta durante dos años, con la condición de que durante ese periodo no delinca.

En la sentencia, relata que el 11 de diciembre de 2021, “siendo plenamente conocedora de que su vecina poseía una gata en su vivienda”, la acusada, “con absoluto desprecio hacia la integridad física de dicho animal”, colocó en las inmediaciones de las escaleras del inmueble un plato de comida, al que añadió “una sustancia tóxica no identificada”. Como consecuencia de la ingesta de esa comida, el animal tuvo que ser trasladado a un centro veterinario, en el que ingresó de urgencia. Para que los síntomas remitiesen, necesitó ser hospitalizado. Los gastos de tratamiento veterinario para la curación de la gata ascendieron a 85,95 euros, una cantidad que fue consignada judicialmente por la condenada en concepto de indemnización. Contra la sentencia no cabe recurso, pues fue dictada con la conformidad de todas las partes implicadas en el procedimiento.

Fuente: Consejo General del Poder Judicial