La Guardia Civil ha detenido en el municipio de Agüimes (Gran Canaria) a un hombre por un presunto delito de quebrantamiento de condena, tras comprobar que mantenía bajo su custodia varios animales a pesar de tenerlo expresamente prohibido por resolución judicial.
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Una prohibición judicial por maltrato animal
Según la información facilitada por las autoridades, el detenido contaba con una sentencia firme previa por un delito de maltrato animal, en la que se le imponía, además de una pena de prisión, una inhabilitación especial para la tenencia de animales durante dos años.
Esa medida judicial le impedía legalmente convivir o responsabilizarse de cualquier animal durante el periodo establecido por el tribunal.
La alerta de los veterinarios municipales
El caso salió a la luz gracias a la comunicación de los servicios veterinarios municipales, que advirtieron de la posible presencia de animales en el domicilio de una persona inhabilitada para su tenencia.
A partir de este aviso, agentes del SEPRONA (Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil) iniciaron una investigación para verificar la situación.
Dos gatos jóvenes bajo su custodia
Durante la inspección, los agentes confirmaron que el investigado mantenía en su vivienda dos gatos de corta edad, incumpliendo de forma directa la prohibición judicial vigente.
Además, según las investigaciones, no se trataba de un hecho aislado, ya que el hombre habría sido advertido anteriormente por situaciones similares, lo que refuerza la reiteración en el incumplimiento.
Qué implica el delito de quebrantamiento de condena
El incumplimiento de una inhabilitación judicial no es una simple infracción administrativa, sino que puede constituir un delito de quebrantamiento de condena, recogido en el Código Penal.
En estos casos, la pena puede incluir:
- Nuevas sanciones penales
- Posible ampliación de la inhabilitación
- Responsabilidad penal adicional independiente del delito previo
Retirada de los animales y protección municipal
Tras la intervención, los dos gatos fueron retirados del domicilio y puestos a disposición de los servicios municipales competentes, que se hicieron cargo de su cuidado y bienestar.
El objetivo de esta medida es garantizar la protección inmediata de los animales mientras se resuelve el procedimiento judicial.
Un caso que refleja la importancia del control judicial
Este tipo de actuaciones pone de relieve la importancia de la coordinación entre veterinarios municipales, cuerpos de seguridad y autoridades judiciales para asegurar el cumplimiento de las sentencias relacionadas con el maltrato animal.
Las inhabilitaciones para la tenencia de animales son una herramienta clave para evitar la reincidencia en casos graves, pero su eficacia depende de la vigilancia y el cumplimiento efectivo de las resoluciones.
