La Justicia ha condenado a dos años y medio de prisión al responsable de un criadero de perros situado en Melgar de Fernamental (Burgos), donde 21 animales murieron por inanición y cerca de un centenar sufrió maltrato continuado. La sentencia también establece siete años de inhabilitación para tener animales y desarrollar actividades profesionales o comerciales relacionadas con ellos, además de indemnizaciones que superan los 197.000 euros.
La resolución, dictada por la Sección Penal, Plaza 2, del Tribunal de Instancia de Burgos, considera acreditada la gravedad de los hechos ocurridos entre 2019 y 2020. Sin embargo, el fallo todavía no es firme y puede recurrirse ante la Audiencia Provincial de Burgos.
Más de cien perros sin los cuidados básicos
El caso se remonta a noviembre de 2019, cuando agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil inspeccionaron las instalaciones regentadas por el acusado. Durante la intervención encontraron a más de cien perros en condiciones incompatibles con unas mínimas garantías de bienestar animal.
Los animales carecían de acceso adecuado a comida y agua. Los recipientes utilizados como bebederos eran bidones cortados que podían volcarse con facilidad y presentaban bordes peligrosos, con el consiguiente riesgo de provocarles heridas.
Las instalaciones tampoco disponían de espacios apropiados para todos los ejemplares, zonas cubiertas suficientes ni dependencias específicas para aislar a los animales enfermos. Faltaban, además, espacios adecuados para las hembras gestantes y los cachorros.
La situación era tan preocupante que fue necesario retirar de inmediato a varios perros que se encontraban en riesgo extremo.
Veintiún perros murieron por inanición
La investigación permitió reconstruir una situación de abandono prolongado que tuvo consecuencias devastadoras para los animales. Según los hechos considerados probados en la sentencia, los perros permanecieron sin alimentación ni hidratación suficientes y sin la atención veterinaria que necesitaban.
Los informes veterinarios determinaron que 21 ejemplares murieron como consecuencia de una desnutrición extrema. Algunos de los animales supervivientes presentaban enfermedades, lesiones y secuelas físicas que requirieron tratamientos y cuidados especializados.
La gravedad de lo ocurrido también quedó reflejada en las distintas intervenciones realizadas en las instalaciones y en otros inmuebles relacionados con el criadero, donde se localizaron animales vivos junto a cadáveres. No se trató, por tanto, de una deficiencia puntual en el mantenimiento de las instalaciones, sino de una situación prolongada que comprometió la supervivencia y el bienestar de numerosos perros.
Una condena por maltrato animal y alzamiento de bienes
La magistrada ha impuesto al acusado un año y seis meses de prisión por un delito continuado de maltrato animal con resultado de muerte y otro año por maltrato animal continuado sin resultado de muerte.
A estas penas se añade una condena por alzamiento de bienes. Según los hechos recogidos en la resolución, el responsable se desprendió de propiedades y otros bienes cuando ya conocía las responsabilidades económicas que podían derivarse de un procedimiento penal anterior. La finalidad apreciada judicialmente era dificultar el pago de las cantidades que pudieran exigírsele.
Por este último delito se le ha impuesto una multa de doce meses, con una cuota diaria de seis euros.
La sentencia también establece una inhabilitación especial durante un periodo total de siete años para la tenencia de animales y para ejercer cualquier profesión, oficio o comercio relacionado con ellos.
Ya había sido condenado anteriormente por maltrato animal
Uno de los aspectos más relevantes del caso es que el criadero ya contaba con antecedentes judiciales. En julio de 2019, su responsable había sido condenado a un año de prisión por maltrato animal en un procedimiento anterior relacionado con las mismas instalaciones. Pese a ello, las actuaciones posteriores volvieron a poner de manifiesto graves deficiencias en el cuidado de los perros.
La investigación posterior también dio lugar a actuaciones relacionadas con el patrimonio del acusado. Según la información conocida sobre el procedimiento, abandonó España y fue localizado en Venezuela en 2024. Finalmente, regresó a España en 2026 para responder ante la Justicia.
Estos antecedentes ayudan a comprender la dimensión del caso y la importancia de que las situaciones de maltrato detectadas reciban un seguimiento efectivo.
Más de 197.000 euros para afrontar los gastos de los animales rescatados
La responsabilidad económica constituye otro de los puntos destacados de la sentencia. El condenado deberá indemnizar, de forma conjunta y solidaria con otras dos personas condenadas previamente en la misma causa, a la Junta de Castilla y León con 185.617,72 euros.
Además, tendrá que abonar 12.018,81 euros a la asociación Justicia y Defensa Animal de Burgos. Las cantidades están relacionadas con los gastos derivados de la recogida, manutención, asistencia y tratamientos veterinarios que necesitaron los perros rescatados. Estas indemnizaciones ponen de relieve que las consecuencias del maltrato no terminan con el rescate de los animales. Su recuperación puede exigir atención veterinaria prolongada, alimentación específica, rehabilitación y recursos económicos y humanos durante meses o incluso años.
La importancia de detectar el maltrato y actuar a tiempo
El caso de Melgar de Fernamental vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de vigilar las condiciones en las que se mantienen los animales en criaderos y otros establecimientos de cría. La disponibilidad permanente de agua limpia, una alimentación suficiente, unas instalaciones seguras, la higiene y la atención veterinaria son requisitos esenciales para garantizar su bienestar. Cuando estas condiciones no se cumplen, las consecuencias pueden ir desde enfermedades y lesiones hasta la muerte. También resulta fundamental que las inspecciones y las denuncias ante posibles situaciones de maltrato permitan intervenir antes de que el deterioro de los animales alcance situaciones irreversibles. La colaboración entre los cuerpos policiales, los servicios veterinarios, las administraciones públicas y las entidades de protección animal puede resultar decisiva para detectar estas situaciones y facilitar el rescate de los ejemplares afectados.
Una sentencia que todavía puede recurrirse
La condena al responsable del criadero de Melgar de Fernamental supone un nuevo pronunciamiento judicial frente al maltrato animal grave. No obstante, al no ser firme, todavía cabe la posibilidad de que sea recurrida ante la Audiencia Provincial de Burgos.
Más allá de las penas impuestas, el caso recuerda que la cría de animales implica una responsabilidad que no puede limitarse a su reproducción o comercialización. Los perros dependen de las personas que los mantienen para cubrir sus necesidades más básicas y proteger su salud.
Garantizar unas condiciones dignas no es una opción ni una cuestión secundaria: es una obligación fundamental hacia los animales que están bajo nuestro cuidado.
