El acceso a una vivienda de alquiler se ha convertido en uno de los principales problemas para muchas familias en España. Para quienes conviven con animales de compañía existe, además, una dificultad añadida: encontrar un inmueble en el que puedan vivir junto a sus perros, gatos u otros animales.
En este contexto, FAADA (Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales) reclama que el nuevo real decreto-ley de vivienda que se encuentra actualmente en negociación tenga también en cuenta a las familias que conviven con animales.
La entidad considera que la convivencia con un animal no debería convertirse, por sí sola, en una barrera para acceder a una vivienda de alquiler.
Una dificultad añadida para las familias con animales
La actual crisis de vivienda no afecta únicamente al precio de los alquileres o a la escasez de oferta. También existen determinadas condiciones que pueden reducir considerablemente las posibilidades de encontrar una vivienda.
Entre ellas se encuentran las restricciones a la presencia de animales de compañía.
FAADA señala que las prohibiciones generales que aparecen en parte de la oferta de alquiler pueden dejar fuera a personas que ya conviven con un perro, un gato u otro animal de compañía, reduciendo todavía más el número de viviendas a las que pueden optar.
La organización plantea que esta situación debería comenzar a abordarse dentro de las políticas públicas de vivienda y no quedar únicamente como una cuestión entre propietarios e inquilinos.

FAADA pide aprovechar la negociación del nuevo decreto
La petición se produce mientras se negocian nuevas medidas en materia de vivienda. El Gobierno ha planteado un paquete que incluye, entre otras cuestiones, medidas relacionadas con la protección de determinados inquilinos vulnerables y la prórroga de contratos de alquiler.
FAADA considera que este proceso puede servir para introducir también la realidad de las familias que conviven con animales en el debate sobre el acceso a la vivienda.
Su propuesta no se limita a una modificación concreta, sino que plantea avanzar hacia un modelo de alquiler en el que tener un animal no constituya automáticamente un motivo de exclusión.
La organización defiende que deben buscarse fórmulas que permitan compatibilizar los intereses de las personas propietarias con la convivencia responsable con animales.
Una cuestión que ya llegó al Congreso
La reclamación llega después de una jornada celebrada el 14 de septiembre en el Congreso de los Diputados bajo el título «Hacia un alquiler más inclusivo: diálogo entre instituciones, empresas y ciudadanía».
El encuentro, promovido por FAADA dentro de su campaña «Mi Casa es Tu Casa», reunió a representantes institucionales, del sector inmobiliario y asegurador, organizaciones sociales y especialistas para analizar las dificultades que encuentran las personas que conviven con animales a la hora de alquilar una vivienda.
Durante esta jornada se planteó la posibilidad de buscar soluciones que tengan en cuenta tanto el acceso a la vivienda como la seguridad de los propietarios y una convivencia responsable.
El problema de las viviendas que aceptan animales
La dimensión del problema ya había sido puesta sobre la mesa en esa jornada. Según los datos del estudio realizado por Fundación Affinity y el portal inmobiliario Fotocasa en el año 2023, únicamente el 7 % de las viviendas ofertadas en alquiler permitían animales de compañía.
Estos datos muestran que la posibilidad de encontrar una vivienda adecuada puede reducirse considerablemente cuando el hogar incluye animales.
¿Qué ocurre actualmente con las mascotas en los pisos de alquiler?
La consideración de los animales como seres sintientes y su integración en el núcleo familiar no significa que exista actualmente una obligación general para que los propietarios acepten animales en sus viviendas de alquiler.
La Ley de Arrendamientos Urbanos continúa siendo la norma fundamental que regula los contratos de alquiler y la admisión o prohibición de animales puede quedar establecida en las condiciones pactadas entre las partes.
La Ley 7/2023, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, establece además que las personas responsables de animales de compañía deben protegerlos y mantenerlos integrados en el núcleo familiar siempre que sea posible según las características de la especie.

Evitar que la vivienda termine provocando separaciones
Uno de los argumentos que se encuentra detrás de esta reivindicación es que las dificultades para acceder a un alquiler pueden tener consecuencias que van más allá de la propia vivienda.
Cuando una familia no encuentra un inmueble que permita animales, puede verse obligada a buscar alternativas que impliquen separarse de su compañero animal, algo que las entidades de protección animal consideran especialmente preocupante.
FAADA plantea por ello que las futuras políticas de vivienda tengan en cuenta esta realidad y que se estudien mecanismos que permitan compatibilizar el acceso a una vivienda con la convivencia responsable.
La organización también reclama disponer de mejores datos sobre el alcance del problema y promover acuerdos entre administraciones, empresas y sector privado.
Un debate que va más allá del alquiler
La cuestión de las familias que conviven con animales también afecta a otros ámbitos, como los alojamientos de emergencia, los servicios sociales o los recursos destinados a personas en situación de vulnerabilidad.
En determinadas circunstancias, encontrar un lugar donde una persona pueda permanecer junto a su animal puede resultar complicado. Por este motivo, FAADA defiende que la convivencia con animales debe incorporarse de manera más estable al diseño de las políticas públicas.
El debate está ahora vinculado a la negociación del nuevo decreto de vivienda, pero la cuestión plantea un problema más amplio: cómo adaptar las políticas de vivienda a una sociedad en la que los animales de compañía forman parte de millones de hogares.
La decisión sobre qué medidas deben incorporarse finalmente al marco legal corresponderá a las instituciones responsables de la negociación y aprobación de la normativa. Mientras tanto, las organizaciones de protección animal reclaman que las familias que conviven con animales sean tenidas en cuenta en este debate.