Las mascotas y animales de compañía terminan 2020 sin una Ley de Bienestar Animal que castigue de forma contundente tanto los abandonos como el maltrato, tal y como denuncia la Real Sociedad Canina de España (RSCE), como balance de este año 2020 que está a punto de finalizar.
A pesar de que el Gobierno tenía prevista su aprobación para este año y puso en marcha diferentes grupos de trabajo para desarrollar la normativa, en los que participó la Canina, finalmente no ha podido cumplir con el calendario legislativo. Y todo ello en un momento en el que los animales son más vulnerables que nunca. A ellos también les ha afectado la pandemia, pues nada más acabar el confinamiento los abandonos se dispararon un 25%, lo que hará que 2020 cierre con cifras superiores a las 2019, que fueron de más de 180.000 abandonos, según la Fundación Affinity.
En esta tesitura, la RSCE ha lanzado la campaña ‘Para toda la vida’ con motivo de la Navidad, pues precisamente la mitad de los perros que se regalan en estas fechas se acaban abandonando meses después. La Canina busca concienciar a la ciudadanía con ella acerca de que una mascota no es un regalo y que requiere de una serie de cuidados y cariño.
En esta misma línea, la entidad ha pedido a las autoridades que se ponga en marcha una asignatura de Educación Animal en la nueva ley de Educación, conocida como Ley Celaá, en la que se quiere dar cabida a los derechos de los animales y el respeto dentro de una materia más grande llamada Educación en Valores Cívicos.Para la Canina, esta temática debería desligarse de esta asignatura e impartirse de forma independiente en una materia en la que no solo se enseñara lo básico sobre los animales, sino que se profundizara en su morfología, anatomía, historia y evolución de las razas, cultura y ciencia.
Acabar con la figura del PPP y crear una mutua veterinaria
Otro de los principales caballos de batalla de la RSCE este 2020 ha sido la figura del PPP -Perro Potencialmente Peligroso-, cuya derogación ha pedido reiteradamente a las autoridades, que no existen tales razas, sino unas características físicas y de temperamento que hacen que no todos los perros sean iguales ni tengan las mismas aptitudes. Legislar sobre potencialidades implica establecer unas generalidades que, además de ser injustas, han propiciado la criminalización y la marginación social de determinadas razas y, por ende, de sus tutores.
Por ello, sugiere que, en su lugar, se establezcan de forma estandarizada determinadas pruebas de sociabilidad que acrediten la condición de los perros y que, además, se acompañen de cursos de formación para los tutores de este tipo de razas cuyas potencialidades físicas lo indiquen. De hecho, la RSCE ha puesto a disposición de todas las administraciones una prueba de sociabilidad desarrollada por expertos en formación canina y adiestramiento.
Además, también ha sugerido, en el ámbito sanitario, implementar un bono social o Mutualidad Veterinaria que ayude a las familias con menos recursos a cubrir la atención médica de sus mascotas, evitando que estas puedan ser abandonadas si enferman o que incluso mueran. El coste anual medio del veterinario está en unos 200 euros, aunque habría que sumarle otros 100 euros más de extras e imprevistos. Eso siempre y cuando el perro no presente ningún tipo de patología, lo que podría disparar estas cifras.
Con estas iniciativas, la RSCE quiere hacer valer los derechos de los animales en un entorno que también es convulso para ellos y poner en evidencia la necesidad de legislar de forma efectiva sobre ellos. “El Gobierno no puede quedarse únicamente en palabras bonitas sobre los animales; debe pasar a la acción y poner coto a las prácticas que se siguen realizando de forma deshonesta, como los criaderos ilegales, el maltrato y el abandono. Porque se trata de una lacra social que solo se erradica de dos formas: legislando y educando”, sostiene Julián Hernández, presidente de la Canina.
