El domingo 24 de enero de 2021, las redes sociales se hacían eco de la muerte Jack, un perro que había sido adoptado hace 9 años. El animal estaba paseando por una pista forestal entra Sant Vicenç dels Horts y Torrelles (Barcelona) junto a su familia, cuando el tiro realizado –aparentemente a corta distancia– por un cazador, acabó con su vida.

 

Jack

 

La policía local se personó en el lugar de los hechos, pero los agentes solo pudieron comprobar que la batida estaba autorizada por la Generalitat de Catalunya y que el cazador tenía los permisos en regla. Actualmente, Mossos d’Esquadra y Agents Rurals están llevando a cabo una investigación de los hechos.

Y Jack, desafortunadamente, es tan solo una de las innumerables víctimas “colaterales” de la actividad cinegética: dejando por un momento de lado las crías de los animales tiroteados por los cazadores, que generalmente fallecen de inanición o a mano de depredadores, y los perros utilizados para este “deporte”, que en la gran mayoría de los casos son mantenidos en condiciones deplorables e incluso acaban abatidos o ahorcados cuando ya no resultan “útiles”, hay muchos otros seres vivos que padecen las consecuencias de la caza.

En España, solo en los primeros 9 meses de 2020 según los datos facilitados por el Ministerio del Interior, más de medio centenar de personas murieron por los disparos de cazadores que se encontraban en el mismo monte que ellos. Tal y como indican los datos del Gobierno español, más de 600 personas resultaron tiroteadas y heridas con mayor o menor gravedad tras recibir disparos efectuados por cazadores entre el 1 de enero y el 6 de septiembre del mismo año, periodo que incluyó además los más de tres meses de confinamiento y de desescalada, en los que la posibilidad de desplazarse estuvo prohibida.

Estos números además ni siquiera incluyen los datos de Catalunya y Euskadi ya que estas comunidades tienen cedidas las competencias en seguridad ciudadana.

Las CCAA en las que el número de víctimas de los cazadores resultaron más elevadas fueron, con diferencia, Castilla-La Mancha y Andalucía, con 166 heridos y doce muertos en el primer caso y con 122 y nueve en el segundo, a mucha distancia en ambos casos de los 73 y seis registrados en Castilla y León. Estos datos, obviamente, no contabilizan a los animales de compañía que, al igual que Jack, fallecieron en “accidentes” de caza.

Pero las víctimas de los cazadores no terminan aquí: según un informe de la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos (ECHA, por sus siglas en inglés) las casi 14.000 toneladas de plomo que la caza deja cada año en el medio natural, causarían la muerte de entre 1 y 2 millones de aves.

Por último, y no menos importante, recordamos que la actividad cinegética no ayuda a mantener el equilibro ecológico, más bien al contrario. Según la tesis defendida por el Colegio Oficial de Biólogos de Castilla y León en julio de 2019, «la caza es un factor de riesgo y una amenaza para la evolución de las especies y de efectos negativos en el funcionamiento de los ecosistemas».

En definitiva, la caza mata a más de 25 millones de animales cada año en España, causa importantes desequilibrios en el ecosistema, es una importante fuente de contaminación, limita enormemente los derechos del resto de la sociedad y representa un SERIO peligro para personas y animales de compañía.

 

Fuente: FAADA