Este Plan constituye el compromiso del Gobierno de España en contribuir a la aplicación del Plan de acción de la UE, proporcionando el impulso y el marco adecuados para la óptima utilización de los recursos de la Administración General del Estado en la lucha contra esta lacra.
El Plan de acción español pone de manifiesto el elevado impacto económico asociado a actividades ilícitas en este ámbito, lo que constituye un atractivo especial para grupos de delincuencia organizada, cuya implicación en este ámbito está aumentando exponencialmente. El tráfico ilegal y el furtivismo suponen una seria amenaza para la biodiversidad, la supervivencia de algunas especies y la integridad de los ecosistemas, al tiempo que alientan conflictos, amenazan la seguridad nacional y regional en las zonas de origen de ciertas especies, e implican un riesgo para la salud pública en las zonas de destino y a nivel internacional.
Entre los objetivos del Plan de acción español se contempla la potenciación de la capacidad de todos los eslabones de la cadena coercitiva y del poder judicial para que se puedan tomar medidas efectivas contra el tráfico ilegal y el furtivismo internacional de especies silvestres, mejorando para ello a nivel nacional la cooperación, la coordinación, la comunicación y el flujo de datos entre las agencias competentes.
En virtud de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, se encomienda a la Guardia Civil la competencia, entre otras, de velar por el cumplimiento de las disposiciones que tiendan a la conservación de la naturaleza y el medio ambiente, de los recursos hidráulicos, así como de la riqueza cinegética, piscícola, forestal y de cualquier otra índole relacionada con la naturaleza.
Se establece que corresponde a la Jefatura del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA) planificar, impulsar y coordinar, en el ámbito de las competencias de la Guardia Civil, el cumplimiento de las disposiciones relacionadas con la conservación de la naturaleza y el medio ambiente, los espacios protegidos, los recursos hidráulicos, la caza y la pesca, el maltrato animal, los yacimientos arqueológicos y paleontológicos, y la ordenación del territorio. En el mencionado Real Decreto se prevé que de esta Jefatura dependerá la Oficina Central Nacional de análisis de información sobre actividades ilícitas medioambientales (la Oficina Central Nacional, en lo sucesivo).
La Oficina Central Nacional impulsará la coordinación y optimizará el potencial disponible para hacer frente a las amenazas contra el medioambiente, y se constituirá como punto de referencia a nivel nacional, fijando procedimientos en análisis y difusión de inteligencia en materia medioambiental, en estrecha colaboración con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. La creación de la Oficina Central Nacional ha contado con el apoyo europeo del proyecto Life Nature Guardians.
Las funciones de la Oficina Central Nacional, son:
a) Impulsar la cooperación, coordinación, asesoramiento y comunicación de las actuaciones a nivel nacional en la conservación y protección de la naturaleza y el medio ambiente, los espacios protegidos, los recursos hidráulicos, la caza y la pesca, y en la lucha contra el tráfico ilegal de especies silvestres y el maltrato animal.
b) Ser punto de contacto ante los organismos nacionales e internacionales en lo relativo al análisis de información sobre actividades ilícitas medioambientales.
c) Efectuar el análisis de aquellas informaciones que se reciban sobre actividades ilícitas medioambientales, generar inteligencia con base en las mismas y difundirla a aquellos organismos, nacionales e internacionales, a los que pueda interesar la lucha contra este tipo de delincuencia.
d) Elaborar los informes técnicos que resulten necesarios en favor de aquellas actuaciones de lucha contra actividades ilícitas medioambientales.
