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EL DERECHO ESPAÑOL ANTE EL TRÁFICO ILEGAL DE ANIMALES DOMÉSTICOS. ACCIONES LEGALES

 

INDICE

 

I.- PLANTEAMIENTO INICIAL.

 

II.- LEGISLACIÓN APLICABLE.

 

1.- DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS DE LOS ANIMALES.

 

2.- NORMATIVA DE LA UNIÓN EUROPEA.

 

3.- LEGISLACIÓN ESPAÑOLA.

 

A.- ÁMBITO ADMINISTRATIVO.

 

B.- ÁMBITO PENAL.

 

C.- ÁMBITO CIVIL.

 

I.- PLANTEAMIENTO INICIAL.

La situación económica global que afecta a todos los países de los Estados Miembros de la Unión Europea y al resto de países que forman parte del Continente Europeo y, concretamente a España, ha conllevado el surgimiento de nuevas fórmulas de financiación ilícita.

criaderos

En el tema que nos trae a colación, igualmente favorecido por la apertura de las líneas transfronterizas europeas, el CONTRABANDO o TRÁFICO ILEGAL DE ANIMALES DOMÉSTICOS provenientes en su 95% de criaderos clandestinos de Europa del Este (Eslovaquia y Eslovenia principalmente) para su posterior venta en establecimientos de animales cuyos dueños no muestran ni el más mínimo escrúpulo con las condiciones que los mismos presentan al llegar así como en el momento de su venta y, posteriormente, su supuesto tratamiento veterinario y seguro fallecimiento.

II.- LEGISLACIÓN APLICABLE.

El presente artículo se fundamenta únicamente en el tráfico ilegal de animales domésticos, dejando a salvo los animales salvajes, amansados o silvestres, así como la normativa relativa a experimentación animal. En términos generales, la normativa que ampara la esfera jurídica de los derechos de los animales, es la siguiente:

1.- DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS DE LOS ANIMALES:

A nivel mundial, la DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS DE LOS ANIMALES[1], aprobada por la ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA (UNESCO) y posteriormente por la ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES ÚNIDAS (ONU), que, como toda declaración universal, proclama los principios básicos sobre los cuales ha de regirse la convivencia y comportamiento humano, en este caso, para con sus semejantes, los animales.

Ya en su Preámbulo se proclama que TODO ANIMAL POSEE DERECHOS. En su artículo 3 se establece textualmente que “ningún animal será sometido a malos tratos ni a actos crueles”. En ese mismo sentido, el art. 9 dispone que “cuando un animal es criado para la alimentación, debe ser nutrido, instalado y transportado, así como sacrificado, sin que ello resulte para él motivo de ansiedad o dolor”. Y por último, el art. 14 es rotundo al afirmar que “LOS ORGANISMOS DE PROTECCIÓN Y SALVAGUARDA DE LOS ANIMALES DEBEN SER REPRESENTADOS A NIVEL GUBERNAMENTAL. LOS DERECHOS DEL ANIMAL DEBEN SER DEFENDIDOS POR LA LEY, COMO LO SON LOS DERECHOS DEL HOMBRE.”

2.- NORMATIVA DE LA UNIÓN EUROPEA:

Entre el 29 de Febrero y 1 de Marzo de 2012, se desarrolló en Bruselas una Conferencia entre la Comisión y la Unión Europea, bajo la presidencia danesa, en la que hicieron acto de presencia representantes nacionales e internacionales, granjeros, académicos, científicos y organizaciones no gubernamentales, titulada: “LA CREACIÓN DE OPORTUNIDADES DE MERCADO PARA EL BIENESTAR ANIMAL”, presentado la Comisión una estrategia de “impulsar en el período 2012-2015 el fortalecimiento del consumidor sobre el bienestar animal,” enfocando el mismo en los siguientes aspectos:

1.- Las oportunidades de aprovechamiento inducido por el Mercado.

2.- La puesta en práctica de una legislación de bienestar animal.

3.- Últimos acontecimientos en el ámbito del bienestar animal.

Las conclusiones que extrajeron los gerifaltes comisionados europeos, TREINTA Y CUATRO AÑOS DESPÚES de la promulgación de la DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS DE LOS ANIMALES en 1978 fueron las siguientes:

1.- La Comisión Europea reconoce que los animales son SERES SENSIBLES.

2.- El objetivo general es el aseguramiento de que los animales no tengan que soportar el dolor evitable o el sufrimiento, obligando al propietario/ encargado del animal para respetar unas exigencias de bienestar mínimas.

3.- El Título II del TRATADO DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIÓN EUROPEA[2] cataloga algunos de los principios claves a este respecto: El artículo 13 que fue introducido por el Tratado de Lisboa declara que “la agricultura, la industria pesquera, el transporte de animales, la investigación y el desarrollo tecnológico y la política espacial, la Unión y los Estados Miembros, ya que los animales son seres sensibles, prestarán todo el respeto que las exigencias de bienestar de los animales demanda, respetando en todo caso las previsiones legislativas y administrativas y de aduana de los Estados Miembros relacionados en particular con ritos religiosos, tradiciones culturales y herencias regionales.”

Es decir, se plantean unas premisas ya plasmadas hace treinta y cuatro años en la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, si bien, a la hora de su aplicación práctica, habrán de respetarse las circunstancias concomitantes de cada Estado Miembro. Por ejemplo, España: Torneo del Toro de la Vega, la mal llamada Fiesta Nacional, etc…

En el caso concreto que nos atañe, en cuanto al tráfico de animales domésticos a través de los territorios de la UE, es de aplicación el REGLAMENTO (CE) Nº 998/2003 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 26 DE MAYO DE 2003, POR EL QUE SE APRUEBAN LAS NORMAS ZOOSANITARIAS APLICABLES A LOS DESPLAZAMIENTOS DE ANIMALES DE COMPAÑÍA SIN ÁNIMO COMERCIAL, Y SE MODIFICA LA DIRECTIVA 92/65/CEE DEL CONSEJO.[3]

El citado Reglamento establece las condiciones de policía sanitaria que deben cumplir los desplazamientos transfronterizos de animales domésticos sin ánimo comercial, y las normas relativas al control de dichos desplazamientos, reforzando las normas aplicables a los animales procedentes de terceros países para impedir la propagación de enfermedades como la rabia.

Este Reglamento armoniza las normas sanitarias aplicables a los animales de compañía que se desplazan por el interior de la Unión Europea (UE) por motivos no comerciales. Refuerza también las normas aplicables a los animales procedentes de terceros países.

Este Reglamento tiene por objetivo garantizar un grado elevado de protección de la salud humana y animal, así como facilitar los desplazamientos de los animales de compañía que viajen con sus propietarios.

– Animales contemplados

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• los perros,

• los gatos,

• los hurones,

• Los invertebrados (excepto abejas y crustáceos),

• los peces tropicales decorativos,

• los anfibios,

• los reptiles,

• las aves (excepto las aves de corral contempladas en las Directivas 90/539/CEE y 92/65/CEE),

• los roedores, y

• los conejos domésticos.

– Identificación de los animales:

Los gatos, perros y hurones deben estar identificados por medio de un chip electrónico (transpondedor) o de un tatuaje claramente legible. A partir del 3 de julio de 2011, tan solo se podrá utilizar el transpondedor como método de identificación válido.

En Irlanda, Malta, y Reino Unido el transpondedor ya es el único medio de identificación admitido.

– Desplazamientos de animales de compañía entre Estados miembros.

Los animales que viajan con sus propietarios dentro de la Unión Europea deben ir acompañados de un pasaporte expedido por un veterinario facultado por la autoridad competente de su Estado miembro de procedencia.

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El pasaporte de los animales (gatos, perros y hurones) debe acreditar que el animal cumple los requisitos sanitarios de este Reglamento o, en el caso de Finlandia, Irlanda, Malta, Suecia y Reino Unido, las normas nacionales sanitarias adicionales de esos países.

La entrada de animales de compañía (gatos, perros y hurones) en el territorio de un Estado miembro está sujeta al cumplimiento de estas tres condiciones:

• el animal debe disponer de un sistema de identificación (transpondedor o tatuaje);

• el animal debe estar debidamente vacunado contra la rabia;

• el animal debe cumplir, si es preciso, ciertas medidas sanitarias preventivas relativas a enfermedades distintas de la rabia.

Además, los Estados miembros pueden autorizar el acceso de animales jóvenes de menos de tres meses sin vacunar bajo determinadas condiciones.

– Desplazamientos de animales de compañía procedentes de terceros países:

Las normas sanitarias aplicables a los desplazamientos intracomunitarios de animales de compañía se aplican también a los siguientes países: Andorra, Islandia, Liechtenstein, Mónaco, Noruega, San Marino, Suiza y el Vaticano. Se aplica lo mismo a los terceros países que se indican en el anexo II, parte C.

Si los animales (gatos, perros y hurones) proceden de terceros países que no figuran en la parte C del anexo II, se aplican normas sanitarias más estrictas. Los animales destinados a todos los Estados miembros, excepto Irlanda, Malta, Suecia y Reino Unido, deben estar vacunados y haberse sometido a una valoración de anticuerpos (en Finlandia también se exige un tratamiento contra la tenia responsable de la equinococosis hasta el 31 de diciembre de 2001). Esta valoración debe realizarse en un laboratorio autorizado por la Comisión Europea a partir una muestra de sangre extraída al menos un mes después de la vacunación y tres meses antes del desplazamiento.

Se prevé un período de cuarentena para los animales antes de su entrada en Irlanda, Malta, Suecia y Reino Unido, en virtud del protocolo de aplicación en tales Estados miembros.

Los animales procedentes de terceros países deberán disponer de un certificado expedido por un veterinario oficial o, en caso de reintroducción, de un pasaporte que certifique el cumplimiento de las normas sanitarias establecidas en el presente Reglamento.

– Sanciones

Si en los controles, en particular los realizados en los puntos de entrada en la UE, se comprueba que el animal no cumple los requisitos previstos en este Reglamento, la autoridad competente puede decidir reexpedirlo al país de origen, aislarlo bajo control oficial el tiempo necesario para cumplir los requisitos sanitarios o, en última instancia, sacrificar al animal cuando no sea posible proceder a su reexpedición o su aislamiento en cuarentena.

SIN EMBARGO, LAS CONDICIONES SANITARIAS QUE AFECTAN A ESTOS ANIMALES NO ESTÁN ARMONIZADAS. EN ESOS CASOS, PREVALECEN LAS NORMAS NACIONALES.

EL PRESENTE REGLAMENTO SE APLICA SIN PERJUICIO DE LAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LAS ESPECIES DE LA FAUNA Y FLORA SILVESTRES.

Es decir, en caso de falta de armonización de normas, han de prevalecer las de cada Estado Miembro.

Destáquese una vez más que nada se dice en cuanto al traslado de animales transfronterizos con ánimo de lucro.

En definitiva, la UE contiene una normativa demasiado lábil en cuanto al tráfico de animales dentro de sus Estados Miembros, dejando en todo caso, la decisión última de aplicabilidad al tráfico de animales a cada uno de los Estados Miembros. 

3.- LEGISLACIÓN ESPAÑOLA:

Debido a la peculiaridad de la división territorial de una nación que según el artículo 2 de la Constitución Española habría de considerarse como indisolublemente unida, siendo nada más lejos de la realidad, constando la misma de dieciséis reinos de Taifas y una pequeña comunidad al noreste de nuestro país, cuya independencia proclaman, la normativa aplicable a la protección animal es absolutamente caótica, dispersa, contradictoria amén de inaplicable y carente de eficacia.

La proyección proteccionista de nuestra normativa patria, puede abordarse desde únicamente tres estadios: (Administrativo, Penal y Civil).

En el Derecho español, no existe un tipo normativo específico que contenga una regulación en el que subsuma el tráfico/ transporte de animales domésticos provenientes de allende de nuestras fronteras y, el único precepto que podemos aplicar al mismo es el contemplado en el art. 333 CP. Si bien, el mismo únicamente se refiere al tráfico de “fauna no autóctona, contraviniendo el equilibrio ecológico”, con lo que en la práctica, sería de inaplicación el citado precepto. Es decir, nos hallamos ante una importante laguna jurídica en nuestro ordenamiento español, al no prestar un manto protector ante estos ilícitos.

Como aludimos previamente, nuestro ordenamiento jurídico español presenta tres ámbitos de actuación o “pseudo protección” del tráfico animal.

A.- ÁMBITO ADMINISTRATIVO:

Previamente se aludió al Estado de 16 reinos taifas que configura nuestra nación, más un tercer ente territorial, la Comunidad Autónoma Catalana, perteneciente al Estado español, la cual, curiosamente contiene la normativa administrativa de protección animal de este país más efectiva, actualizada y eficaz de España.

España carece de una Ley de Protección Animal Nacional, cada uno de sus reinos taifas contiene su propia normativa aplicable, situación amparada gracias a una Carta Magna retrógrada, desactualizada, y carente de muchas de las necesidades que un país como en el que nos encontramos reclama, amparada la dispersión normativa autónoma en la cesión de cada vez más poder a las Comunidades Autónomas que ha permitido crear una normativa proteccionista animal carente de un espíritu común en todo el territorio nacional.

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Que España no cuente con una Ley de Protección Animal que comulgara con la Declaración Universal de los Derechos de los Animales no deja sino de representar a un país retrógrado, anacrónico y enfrascado en sus costumbres de principios del siglo xx que conllevan a que nuestro Estado sea conocido como el país de la “pandereta, sangría y los toros”.

Con todo ello, las diecisiete leyes de protección animal a nivel autonómico que existen en nuestro país, contienen elementos en común (nos centraremos en éstos) que convergen en el tema vertebrador de esta exposición, tal y como es el tráfico de animales domésticos, centrándonos en la Ley de Protección Animal de la Comunidad de Madrid.

Esta Ley contiene especificaciones concretas en cuanto a LOS TRANSPORTES DE LOS ANIMALES (independientemente de quién lo realice, de dónde provengan, etc…). No entraremos en tratar los requisitos sanitarios que la normativa específica requiere que, en todo caso, cuenta con alusiones en la normativa europea traída a colación.

En este sentido, la Exposición de Motivos se expresa en el siguiente tenor: “Las atenciones mínimas que deben recibir los animales domésticos, y específicamente los de compañía, desde el punto de vista higiénico-sanitario, malos tratos, mutilaciones, sacrificio, esterilización, y su utilización en espectáculos, fiestas populares y actividades deportivas o recreativas que impliquen crueldad, abandono, cría, venta y transporte, así como la inspección, vigilancia, sanciones y obligaciones de sus poseedores o dueños y de los centros de recogida y albergues, y de las instalaciones para su mantenimiento temporal, están contemplados en esta Ley.”

El art. 3 contiene las especificaciones concretas del transporte de animales domésticos al establecer que:

“1. Los animales deberán disponer de espacio suficiente si se les traslada de un lugar a otro. Los medios de transporte o los embalajes deberán ser concebidos para proteger a los animales de la intemperie y de las diferencias climatológicas acusadas, debiendo llevar estos embalajes indicación de la presencia de animales vivos. Si son agresivos, su traslado se hará con las medidas de seguridad necesarias. 

2. Durante el transporte y la espera, los animales serán abrevados y recibirán alimentación a intervalos convenientes. 

3. El habitáculo donde se transportan los animales deberá mantener unas buenas condiciones higiénico-sanitarias, en consonancia con las necesidades fisiológicas y etológicas de cada especie, debiendo estar debidamente desinsectado y desinfectado.

4. La carga y descarga de los animales se realizará de forma adecuada. 

5. En todo caso se cumplirá la normativa de la CEE a este respecto.”

En caso de vulneración de alguno de los requisitos establecidos en este artículo, se considera una infracción leve, siendo de aplicación una sanción pecuniaria que oscila entre los 30€ a los 1.200€.

Es decir, una cuantía absolutamente irrisoria, remontándonos de nuevo a lo que disponía la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, al rezar que sus derechos deben ser defendidos como los derechos de los hombres.

El método para articular cualquier acción Administrativa, se llevará a cabo mediante la interposición de la denuncia administrativa ante el órgano de administración correspondiente, dependiendo de la graduación de la pena, bien sea ante el Ayuntamiento, Consejería o Consejo de Gobierno, destacando que la denuncia administrativa es compatible con la denuncia/querella penal que pueda interponerse contra el mismo hecho, no suponiendo la vulneración del principio non bis in idem.

B.- ÁMBITO PENAL:

Remitiéndonos al artículo 333 del Código Penal traído a colación anteriormente, el Código Penal contiene en su artículo 337, UN ÚNICO PRECEPTO para amparar los derechos de los animales, los cuales deberían tener la misma protección jurídica que la de los animales, según la UNESCO y la ONU, al establecer que “el que por cualquier medio o procedimiento maltrate injustificadamente a un animal amansado o doméstico, causándole la muerte o lesiones que menoscaben gravemente su salud, será castigado con la pena de tres meses a un año de prisión e inhabilitación especial de uno a tres años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales”. (Existe un Proyecto de Código Penal en el cual se introducen una serie de novedades en el citado precepto, así como se introduce un art. 337 bis).

Diversas apreciaciones pueden realizarse al efecto:

– Una interpretación a sensu contrario del precepto, ampara el maltrato JUSTIFICADO de los animales.

– Se excluyen del bien jurídico protegido a los animales silvestres o salvajes, concediéndose pábulo al maltrato de toros.

– Nada se dice en cuanto a su transporte.

En el mismo sentido, se refiere al maltrato animal el art. 631 y 632 CP, contenido en el Título III. Faltas contra los intereses generales. (En el citado proyecto de Código Penal, las faltas se sustituirán por los “delitos leves”).

En resumidas cuentas, la protección penal del tráfico de animales domésticos de nuestro ordenamiento jurídico español es nimio, por no catalogarlo de ridículo, con lo que el ejercicio de denuncia por vía penal del tráfico ilegal de animales domésticos, debe comprender una serie de acciones judiciales tales que, sin llegar a denunciar en sí el tráfico ilegal, tipo penal que no existe en nuestro Código Penal, permita alcanzar e impedir el mismo a través de otras figuras delictivas, tales como la estafa, falsificación de documentos privados, maltrato animal, hurto, etc…

C.- ÁMBITO CIVIL:

Evidentemente todo animal proveniente de Europa del Este mediante las redes de contrabando que existen no tienen otra finalidad más que su venta a los consumidores y como tal consumidores que son, están amparados, en cuanto a la compra del “producto”, por la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y la correspondiente denuncia ante la Oficina de Información al Consumidor (OMIC) y la normativa contemplada en el Código Civil en cuanto a la compraventa de animales contenida en los artículos 1.491 a 1.499 del citado cuerpo legal, con una única finalidad que es la indemnizatoria, sin que el ejercicio de cualquier acción contemplada en los artículos antedichos permita una oposición jurídica contra el tráfico ilegal de animales domésticos.

CONCLUSIÓN:

Como ya hemos aludido previamente, actualmente nuestro país se encuentra en el vagón de cola en cuanto a protección animal se refiere, siendo preciso una auténtica “revolución normativa” en el área que nos atañe, a fin de que la esfera jurídica animal pueda hallar una normativa a cuyo albor se encuentra una protección seria y sobre todo eficaz de sus derechos.

En siguientes artículos, abordaremos la parte práctica de lo aquí expuesto, en relación a los pasos de cómo presentar una denuncia, medios probatorios, procedimiento judicial, etc…

Víctor Valladares Pérez.

Socio Director LOGAN LEX

www.loganlex.es

 

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