Ante el gran problema que supone el abandono animal hoy en día en España, cabe cuestionarse no sólo la regulación penal al respecto si no también una de las bases del problema como es el comercio animal.

A nivel estatal, la Ley 5/1997, de 24 de abril, de protección de los animales de compañía prohíbe “la cría y comercialización de los animales sin las licencias y permisos correspondientes”, es decir, a nivel particular. Ahora bien, resulta una regulación más que parca respecto no sólo a los requisitos para una correcta comercialización de los animales, sino también en lo referente a las condiciones y requisitos sanitarios para la cría de animales de compañía y para que no se produzca la sobreexplotación de los mismos.

Por otro lado, son varias las Comunidades Autónomas que han aprobado regulaciones al respecto, quizá destacar el Decreto Legislativo 2/2008, de 15 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de protección de los animales en Cataluña, que ya en su artículo 24, también prohíbe la difusión de cualquier transacción con animales entre particulares si no están registrados como núcleo zoológico. Igual sucede en las regulaciones recientemente aprobadas en Madrid y Galicia (Ley 4/2016, de 22 de julio, de protección de los animales de compañía de la Comunidad de Madrid, artículo 16 y Ley 4/2017, de 3 de octubre, de protección y bienestar de los animales de compañía en Galicia, artículo 13).

Asimismo, el gobierno en 2015 se planteó una regulación más exhaustiva del sector de compraventa de animales de compañía e intentó poner freno a la cría ilegal, pero finalmente terminó reduciendo el proyecto de ley a una mera guía de buenas prácticas sin validez legal tras las presiones del sector. El objetivo de la Ley era frenar la demanda masiva de ejemplares de raza, que se traduce, a la práctica, en una producción descontrolada de cachorros para satisfacer el negocio, criaderos ilegales, condiciones de vida deleznables para los animales y economía sumergida.

 

Tampoco queda regulada esta problemática el Convenio europeo de protección de animales de compañía, al que España está adherida.

En este sentido cabe destacar que la asociación continental Eurogroup for Animals (reconocida por la Unión Europea como miembro de sus consejos consultivos sobre bienestar animal) consiguió que la Comisión Europea incluyera en la Ley de Salud Animal que para el año 2020 todo criador y comerciante europeo deba contar con un número de registro oficial, medida que a pesar de ser insuficiente sí arrojará algo de transparencia a un mundo sumido en la oscuridad y la perversión animal.

Según un estudio de la organización vienesa de protección animal Four Paws se calcula que cada mes se venden 46.000 perros entre los estados miembros de la U.E. El valor de las ventas, incluyendo también gatos, alcanzaría los 1.300 millones de euros anuales. Si bien se desconocen el número de criadores que hay en Europa si se conoce que la mayoría están localizados en Eslovaquia y Hungría. En estos criaderos las condiciones de vida de los animales son pobres, la higiene y la alimentación son insuficientes y carentes de sociabilización.

Su transporte hacia los países de venta carece de toda garantía con lo que mueren muchos cachorros durante el camino y los que llegan frecuentemente están enfermos o con en enfermedades latentes que se desarrollan en el primer año de vida o enfermedades congénitas (fruto de las condiciones insalubres en las que han vivido o del cruce indiscriminado de las madres).

No obstante el ciudadano sigue prefiriendo un perro, gato o cualquier otro animal de compañía de raza pagando por ello; lo prefiere antes que la adopción de un animal en un centro homologado que se entrega veterinariamente controlado y sociabilizado pagando únicamente los gastos de adopción que la mayoría de veces no cubren ni tan siquiera el coste veterinario invertido por las propias Asociaciones o Entidades proteccionistas de animales.

Estamos hablando de un mercado que fomenta la sobrepoblación y el abandono, además de incurrir en infracciones legislativas y fiscales.

Ahora bien, por muy laxas que resulten las regulaciones antes citadas, faltan medios para asegurar incluso el cumplimiento de los mínimos establecidos.  Hay que pensar que las regulaciones existentes dejan en mano de los ayuntamientos las labores de inspección y control necesarias, sin especificar de qué medidas de control se trata ni de cómo llevar a cabo las mismas.

Según un estudio realizado por la Fundación Affinity, España es uno de los países europeos con mayor cifra de abandono animal. Una de las excusas más comunes entre las personas que abandonan animales son los problemas de adaptación y comportamiento del animal, pero también las camadas no deseadas, resultando en este punto muy importante la prevención mediante métodos de esterilización, así como el control de la venta ilegal de animales de compañía.

Las Organizaciones proteccionistas de los derechos de los animales defienden que la cría y venta ilegal es una forma de maltrato animal, y es más la cría entre particulares “por descuido” o técnicamente “por omisión” debería también encontrar encaje en dicha figura ya que la esterilización de un animal de compañía debería ser considerada como una acción más de tenencia responsable de dicho animal, como lo son la obligación de chipar a los animales de compañía o mantener la cartilla veterinaria al día. Y si un particular decide que su mascota críe debería responsabilizarse por completo de dichas crías y de que las mismas gocen de todos los derechos propios de una mascota y que se pueden resumir en el concepto de “tenencia responsable” consistiendo en una doble responsabilidad de los propietarios para con los animales y para con la propia sociedad.

Como podemos ver, lejos estamos de situaciones utópicas de preocupación por el bienestar del derecho de los animales como las de Holanda, país que ha conseguido el abandono cero de animales de compañía mediante la penalización severa del abandono, el incremento de los impuestos en la compra de perros de raza, la creación de un cuerpo policial específico para el control del bienestar de los animales, los “Animal Cops” y sobretodo la concienciación de la población, pero bien podríamos aprender un poco de ellos, ¿no?

 

Por: Verònica Cuevas de la Parra, tesorera del Colegio de Abogados de Manresa y Presidenta de su Comisión de Protección de Derechos de los Animales.