Los hechos ocurrieron el pasado mes diciembre cuando la Guardia Civil atendió a un perro que había sido atropellado en las afueras de Mérida. Entonces se requirió a su propietario para que se hiciera cargo del animal que tenía rotas las patas traseras. El dueño rechazó asumir el cuidado del can y quedó abandonado. Fue entonces cuando se le prestaron servicios veterinarios y, una vez recuperado, fue dado en adopción a un nuevo dueño.
Su propietario inicial se enfrenta ahora a la denuncia de Guardia Civil por el abandono del animal y a la factura que el Ayuntamiento repercutirá por el importe del tratamiento del animal.
Estas acciones se recogen en la modificación del Código Civil mediante la ley 17/2021 de 15 de diciembre que señala que “los gastos destinados a la curación y al cuidado de un animal herido o abandonado son recuperables por quien los haya pagado mediante el ejercicio de acción de repetición contra el propietario del animal o, en su caso, contra la persona a la que se le hubiera atribuido su cuidado en la medida en que hayan sido proporcionados y aun cuando hayan sido superiores al valor económico de éste”. La factura de estos gastos es superior a los tres mil euros.
